La Asociación de discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales “Las Canteras”, quiere hacer una denuncia sobre la eliminación de barreras arquitectónicas y la accesibilidad en los centros públicos dependientes de los organismos oficiales.

Esta vez no toca en la ciudad de Puerto Real donde tiene su sede la entidad, sino en Cádiz capital, donde ponemos como ejemplos los siguientes edificios en donde una persona usuaria de silla de ruedas es imposible acceder a ellos, bien por no tener un acceso adecuado o por disponer de ayudas técnicas, como salvaescaleras o plataformas, que están sin funcionar por falta de mantenimiento, cuando corresponde a los poderes públicos dotar del buen funcionamiento para el uso de las personas con movilidad reducida, ahora que hablamos mucho en los medios de comunicación de la ACCESIBILIDAD UNIVERSAL:

• El Registro General de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz, situado en la Avda. Ramón de Carranza (Edificio Roma) donde está ubicada el Área de Igualdad, enviados escrito el 27 de mayo de 2010 y posteriormente el 15 de febrero de 2011, ante la falta de incumplimiento del Decreto 293/2009, de 7 de julio, adolece de ayuda técnica al tener dos escalones y una entrada alternativa lateral tiene un escalón más el del acerado.

• El Registro de Asociaciones, del Servicio de Justicia de la Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública, situado en la calle Sánchez Barcaiztegui, nº 3, enviado escrito el 16 de mayo de 2011, igualmente por incumplimiento del Decreto antes mencionado, la plataforma existente para acceder al ascensor, no funciona, ya que dicho Registro está situado en la planta 3ª.

• La Agencia del Voluntariado dependiente de la Delegación de Gobernación y Justicia de Cádiz, situada en la Plaza de España, nº 19, la plataforma salvaescaleras no funciona, teniendo que acceder a través del garaje de dicho edificio.

Como prueba de ello adjuntamos varias fotos para que se pueda observar y comprobar nuestras demandas a las Administraciones Públicas, a que tenemos el mismo derecho que cualquier ciudadano a poder acceder en igualdad de condiciones.

Por lo expuesto, exigimos a la administración que tome las medidas oportunas y hagan cumplir el Decreto 293/2009, de 7 de julio, en todos los edificios de concurrencia y uso público. 
  
Puerto Real, a 18 de julio de 2011