EL DIALOGO SOCIAL COMO PRINCIPAL MOTOR DE AVANCE PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Hoy celebramos el Acto Institucional por el Día Internacional y desde Fegadi Cocemfe y sus 36 entidades miembros, además de sumarnos al manifiesto elaborado por el CERMI, queremos poner en valor la existencia del movimiento asociativo y su importancia en la consecución de los derechos del colectivo de personas con discapacidad física y orgánica de nuestra provincia que representa a más del 60% del total de las personas con discapacidad, y que se configura, por su número a nivel autonómico, como el mayor de todo el estado.
En este sentido, La Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía establece que: en la elaboración de planes o programas o de cualquier actuación pública que se desarrolle para llevar a cabo las medidas recogidas en esta ley se deberán prever los instrumentos y cauces necesarios que garanticen la consulta y participación de las personas con discapacidad y sus familias, o de las entidades que las representen, así como de los agentes económicos y sociales más representativos.
En este marco, es fácil entender que la existencia de organizaciones fuertes y representativas se convierte en la principal herramienta para que el diseño de las políticas públicas responda adecuadamente a las necesidades de las personas con discapacidad, garantizando con ello la consecución de sus derechos fundamentales.
Hemos de reconocer los avances en nuestro sector, fruto todos ellos del continuado DIALOGO SOCIAL que se ha mantenido a lo largo de los últimos años, sin ir más lejos debemos felicitarnos por la reciente creación de la Comisión de Discapacidad en el Parlamento Andaluz por parte del nuevo Gobierno, ya que la misma es fundamental para analizar, debatir y/o aprobar todas aquellas medidas e iniciativas que luego las diferentes Consejerías deberán poner en marcha con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
Sin embargo, y debido a su inherente transversalidad, esta Comisión no puede funcionar como un departamento estanco, por lo que habrá que ir más allá y realizar un efectivo seguimiento de las políticas e iniciativas planteadas por dicha Comisión para comprobar la efectiva materialización de las mismas. Llegando a convertirse en un futuro no muy lejano en Comisión Legislativa.
Asimismo, el Consejo Andaluz de Personas con Discapacidad y, por ende, los Consejos Provinciales, deberían ser los promotores y coordinadores de las actuaciones previstas en la Ley 4/2017 de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad, velando por su cumplimiento y haciendo un seguimiento de las actuaciones de los poderes públicos en el ámbito de la Comunidad Autónoma.
Teniendo en cuenta su paralización, FEGADI COCEMFE y sus entidades miembros solicitan que se reactiven y que sirvan para cumplir con su objetivo inicial: coordinar las políticas que se lleven a cabo en favor de las personas con discapacidad.
Por otro lado en estos momentos no se puede hacer un seguimiento efectivo de los compromisos políticos que se alcanzan y las partidas presupuestarias destinadas a darles cumplimiento. Por transparencia la sociedad civil debe y quiere poder consultar los presupuestos de la Junta de Andalucía y saber si están garantizados los compromisos que los políticos asumen. Para ello FEGADI COCEMFE y sus entidades miembros solicitan la elaboración y codificación de unos presupuestos en materia de discapacidad (al igual que en materia de género o materia medioambiental), donde sea fácil y comprensible identificar todas las partidas incluidas.
Necesitamos además que se realice un seguimiento real y efectivo de la implantación de la Ley 9/2017 en lo referido a la reserva de contratos y las Clausulas Sociales por lo que la página de transparencia de la administración autonómica deberá incluir esta información para su consulta.
A lo largo de todo este camino, nuestras entidades se han convertido en efectivas y leales colaboradoras de la administración pública ya que, no sólo les han hecho llegar las reivindicaciones y necesidades reales y prioritarias de las personas a las que representan, sino que también han dado un paso al frente prestando servicios concertados con la administración; residencias de personas gravemente afectadas, atención temprana, unidades de estancia diurna, terapia ocupacional, etc. y, debido a su capilaridad organizacional, desarrollando programas y proyectos destinados a prestar aquéllos servicios complementarios que la administración debería haber cubierto pero que, por motivos presupuestarios o de gestión, no ha realizado, tales como: programas de autonomía personal, accesibilidad, atención integral y prevención a la dependencia , respiro familiar, salud, ocio y deporte inclusivo, formación y empleo, etc.
Sin embargo, evidenciamos que la Administración Autonómica ha descuidado en los últimos años al tercer sector, con el riesgo que esto último supone para las necesidades directas de las personas con discapacidad que atiende y representa. Y en este sentido es destacable:
- La ausencia de subvenciones nominativas y convenios de colaboración que aseguren la financiación, viabilidad y mantenimiento de las entidades de referencia de nuestro sector, tal y como ocurre en otras Comunidades Autónomas como Galicia o Cantabria. Estos convenios permitirían dar estabilidad a las mismas, garantizando su interlocución y dando continuidad a los servicios de atención directa a personas con discapacidad que llevan desarrollando muchos años.
- Sometimiento, en la concesión de subvenciones para su mantenimiento o la realización de programas, a un sistema de concurrencia competitiva donde, ni se conocen de manera clara y cierta los criterios de adjudicación, ni hay certeza ni uniformidad entre provincias sobre tiempos de resolución, ni se respetan los tiempos de revisión de los expedientes justificados. Lo que evita una correcta planificación de las actividades, precariza las condiciones laborales de los profesionales que desarrollan su actividad laboral en las organizaciones y retrasa el cobro de nuevas convocatorias de manera injustificada, favoreciendo el intrusismo de corporaciones empresariales, cuyas condiciones laborales, calidad en sus programas y conocimientos del sector, son muy discutidos.
- Establecimiento de un sistema de abono de las subvenciones tras la justificación de las mismas, o del adelanto de un importe inferior al 100% al comienzo del programa, quedando supeditado el cobro de la totalidad a la revisión de los expedientes por parte de la administración ( cuyo plazo se incumple de manera sistemática ) Esto repercute en un sector asociativo cada vez más endeudado y deficitario, llegándose a producir la paradoja de que careciendo de capacidad económica propia es el que financia la aplicación y desarrollo de las políticas públicas de la administración en materia de discapacidad.
- Existencia de unos precios públicos para los servicios concertados, como las plazas de centros residenciales, de día y terapia ocupacional, deficitarios y congelados desde el año 2012, Aunque este año se ha realizado cierto esfuerzo por parte del Nuevo Gobierno actualizando los mismos de manera parcial, dicha actualización no es suficiente ni existe actualmente seguridad de su continuidad en el tiempo.
Por todo ello las organizaciones del sector reclamamos el apoyo cierto y decidido de las administraciones públicas para seguir desempeñando nuestra doble misión; por un lado prestando servicios de calidad a las personas con discapacidad que atendemos y, por otro, asumiendo el papel de colaboradores ciertos y leales de la Administración Pública en la transmisión de nuestras derechos y necesidades.
Y en este sentido asimismo exigimos:
1/- el acceso cierto y efectivo de las personas con discapacidad al sistema de dependencia y un catálogo de ayudas adecuado a sus necesidades reales.
No es de recibo los tiempos y largas listas de espera a las que nos enfrentamos para el acceso a nuestros derechos.
2/- se actualice el catálogo de prestaciones priorizando el fomento de la autonomía personal.
Las personas con discapacidad física y orgánica necesitan la puesta en valor de este concepto aun no desarrollado en nuestra comunidad.
3/-se agilice el proceso de reconocimiento del grado de discapacidad.
No podemos seguir esperando más de un año de media en nuestra comunidad para simplemente obtener el certificado de discapacidad.
4/- se favorezca el acceso al empleo y la formación para el empleo en igualdad de condiciones.
La inserción laboral es la principal via de normalización social para nuestro colectivo.
5/- se avance en accesibilidad universal.
No podemos seguir encontrandonos barreras que impiden en el dia a dia la consecución de nuestros derechos.
6/- se eliminen los obstáculos que impiden la consecución de los derechos en el colectivo, particularmente en la mujer con discapacidad.
La finalización, puesta en marcha y aplicación efectiva del ii plan de acción integral para mujeres con discapacidad y la aprobación de un plan específico de prevención de la violencia de género permitirá avanzar en la eliminación de la doble discriminación existente en la mujer con discapacidad
JEREZ DE LA FRONTERA, 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
