En Andalucía, el sistema de atención a las personas con discapacidad, salta por los aires.
La subida de un 22,3% del salario mínimo interprofesional (SMI) y la próxima publicación en el BOE del XV Convenio de atención a personas con discapacidad, que también recoge una subida salarial cercana al 20%, en ambos casos de aplicación a nivel nacional y a partir del 1 de enero de 2019, suponen un lastre terrible para la viabilidad económica de las entidades que gestionan centros de atención a las personas con discapacidad, la mayoría sin ánimo de lucro. Y un peligro inminente para la calidad de vida de miles de usuarios con discapacidad.
En algunas comunidades autónomas, como Andalucía, en las que el precio que paga el gobierno de la Junta de Andalucía por cada plaza concertada en estos centros, es inferior a los gastos que genera, supone entrar en una gestión abocada al fracaso por la inviabilidad económica que supone incrementar los gastos como consecuencia de la subida salarial mencionada.
En esta situación se produce un desequilibrio como consecuencia de que las decisiones concernientes a las subidas del SMI y del XV Convenio de atención a personas con discapacidad se producen a nivel nacional, y los precios pagados por las plazas concertadas, que son los que sostienen económicamente los centros de atención a las personas con discapacidad, en cada comunidad autónoma los decide su gobierno, habiendo comunidades autónomas que pagan mucho más que otras, y como consecuencia en unas la gestión de los centros es viable y en otras no.
La situación generada es muy grave porque en aquellas comunidades autónomas donde la viabilidad económica es imposible, el sistema de atención a las personas con discapacidad salta por los aires.
¿Y quiénes son los perjudicados? Miles de personas con discapacidad, que necesitan la existencia de organizaciones solventes que les provean de los apoyos necesarios para mejorar su calidad de vida. Pero sin recursos esto es imposible.
