COCEMFE lamenta que la Estrategia Europa 2020 haya tenido escasa incidencia en el empleo de las personas con discapacidad

  • La tasa de empleo de las personas con discapacidad se ha quedado en el 25,5%, cerca de 50 puntos por debajo del objetivo comunitario

 

  • El 58% de las personas con discapacidad que han perdido el empleo durante la pandemia han visto finalizar su contrato y el 39% han pasado por un ERTE

 

  • COCEMFE ha atendido a un 61% más de personas en sus servicios de empleo, lo que demuestra un incremento de la precariedad laboral que puede abocar a muchas personas con discapacidad a la pobreza extrema

 

 

(Madrid, 16 de julio de 2020)

 

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) lamenta que la Estrategia Europa 2020, tras 10 años desde su puesta en marcha, no haya cumplido sus objetivos en materia de inclusión laboral puesto que pretendía incrementar la tasa de empleo de la población de entre 20 y 64 años al menos hasta el 75% y en el caso de las personas con discapacidad la tasa de empleo representa el 25,5%.

 

Para el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, “el empleo remunerado es crucial para garantizar una vida independiente y proporcionar los elementos necesarios para que las personas con discapacidad alcancemos nuestros objetivos y aspiraciones personales y profesionales”.

 

En este sentido, Queiruga considera que “la agenda de la UE para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador adoptada en 2010 por el Consejo Europeo en 2010 no ha conseguido superar las debilidades estructurales en la economía, ni apuntalar una economía social sostenible en la que las personas con discapacidad seamos una parte activa del mercado laboral”.

 

Por ello, el presidente de la entidad reivindica “que la nueva estrategia comunitaria contemple la situación de desventaja estructural a las que se enfrentan las personas con discapacidad a la hora de acceder al mercado laboral, la cual se está viendo acentuada aún más con la pandemia de COVID-19”.

 

Los datos extraídos de los servicios de empleo de COCEMFE demuestran que la discriminación de partida con que se encuentra este grupo social en el mercado de trabajo se ha visto agravada como consecuencia de la COVID-19: el 58% de las personas con discapacidad que han dejado de trabajar durante el estado de alarma han tenido una finalización de contrato y el 39% se han visto afectadas por un ERTE; mientras que de las personas que han mantenido su empleo el 33% ha visto reducidos sus ingresos. Por su parte, las 8.000 empresas colaboradoras con COCEMFE redujeron en un 15% los puestos de trabajo ofertados para personas con discapacidad.

 

“Los servicios de empleo de COCEMFE y su Movimiento Asociativo están viviendo durante estos meses una situación desbordante debido al elevado número de personas que requieren de nuestro apoyo, lo que da cuenta del incremento de la precariedad laboral que se está produciendo”, afirma Queiruga, alertando de que “si no se revierte esta tendencia muchas personas con discapacidad que ya partían de una situación de partida de mayor vulnerabilidad se van a ver abocadas a situaciones de pobreza extrema”.

 

Desde el mes de marzo, COCEMFE ha reforzado la acción de sus servicios de empleo, atendiendo a un 61% más de personas en comparación con el mismo periodo del año anterior, llegando a cerca de 6.200 personas y logrando que cerca de 1.200 personas encontrasen un empleo. Además, la entidad también ha impulsado sus acciones formativas a través de Campus COCEMFE, donde 450 personas han participado en los 19 cursos ofertados.

 

Ante esta situación, COCEMFE reitera la necesidad de que la situación de desventaja a la que se enfrentan las personas con discapacidad y que se está viendo acentuada por la pandemia sea tenida en cuenta en la nueva agenda de la UE y en las medidas de reconstrucción comunitarias y nacionales. Para ello, la entidad apuesta por medidas proactivas para la mejora de la incorporación al mercado de trabajo, la colaboración con las entidades especializadas representativas, el aseguramiento de la obtención de ingresos, la adecuada prestación de los servicios sociales y sanitarios, la educación inclusiva y de calidad con todos los recursos y apoyos necesarios, así como el acceso a todos los servicios en igualdad de condiciones con especial incidencia en la accesibilidad universal.

 

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