- Ante la posibilidad de iniciar el próximo curso con los centros escolares a mitad de su capacidad, COCEMFE pide que se destinen todos los recursos económicos, técnicos y humanos necesarios para garantizar la educación inclusiva con todas las garantías y condiciones de seguridad
- La crisis generada por el COVID-19 incide en mayor medida en el alumnado con discapacidad y dificulta la progresión del aprendizaje y del seguimiento eficiente del currículum escolar
- COCEMFE se pone a disposición de todo el sistema educativo para avanzar de forma colaborativa hacia una educación que promueva un desarrollo personal, educativo y profesional en igualdad de condiciones
(Madrid, 5 de mayo de 2020)
Ante la posibilidad de que el curso escolar 2020-2021 reduzca la ratio a 15 estudiantes por docente, anunciada por parte de la ministra de Educación, Isabel Celaá, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) quiere pedir al Gobierno y a todas las administraciones que tengan en cuenta las necesidades de los/as estudiantes con discapacidad y garanticen su derecho a una educación inclusiva.
El presidente de COCEMFE Anxo Queiruga, explica que “en nuestro país hay cerca de 220.000 niños y niñas con discapacidad escolarizados que, debido al cierre de los centros educativos por la crisis generada por el COVID-19, están encontrando múltiples dificultades que inciden en mayor medida que en el resto del alumnado y dificultan la progresión del aprendizaje y del seguimiento eficiente del currículum escolar”.
Entre los problemas más importantes que se están produciendo se encuentra la dificultad para proporcionar apoyos por parte de los equipos multiprofesionales y de especialistas para atender las necesidades de los/as estudiantes con discapacidad; la carencia productos de apoyo y de las tecnologías adecuadas para seguir las clases desde casa; las dificultades para la conciliación familiar que esta situación está suponiendo y su efecto sobre el apoyo educativo, los cuidados y la atención personal que debe recibir cada estudiante y la ausencia de socialización y relación entre iguales que proporciona la escuela. Todo ello se acentúa con las dificultades económicas y déficit de rentas que afecta a muchas familias con niños o niñas con discapacidad y que, ante las actuales circunstancias y previsiones gubernamentales, se agravará considerablemente.
Por ello y ante el incierto futuro que se plantea de cara a un inicio de curso con los centros educativos a mitad de su capacidad a partir de septiembre, COCEMFE pide al Ministerio de Educación que destine todos los recursos económicos, técnicos y humanos necesarios para que ningún alumno/a con discapacidad pueda quedar fuera de la opción presencial en el aula, evaluando todas las necesidad especificas del alumnado con discapacidad y estableciendo las condiciones técnicas y sanitarias que permitan su retorno a las aulas con todas las garantías y condiciones de seguridad.
“Con una situación de partida desfavorable, debemos volcarnos en garantizar el derecho a una educación inclusiva, la igualdad de oportunidades y la prestación de los apoyos necesarios para prevenir el fracaso escolar, velar por que todos los niños y niñas, jóvenes y personas adultas puedan adquirir el conocimiento y las habilidades necesarias para vivir dignamente, desarrollar su potencial y contribuir a la sociedad”, destaca el presidente de COCEMFE.
Por otro lado, COCEMFE quiere poner de manifiesto que la comunidad educativa es más consciente que nunca de la imperiosa necesidad del uso de las tecnologías y la ventana de oportunidad que supone su utilización en la educación para facilitar la accesibilidad, así como del uso de metodologías inclusivas, la personalización de los ritmos de aprendizaje y la atención a las necesidades de todo el alumnado. Por ello, la entidad se pone a disposición de todo el sistema educativo para avanzar de forma colaborativa hacia una educación inclusiva, que no deje atrás a ningún estudiante y que promueva su derecho a un desarrollo personal, educativo y profesional en igualdad de condiciones.
“La vuelta a las clases también debe ser inclusiva y, para ello, es imprescindible respetar todos los mandatos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas e implantar un sistema educativo que promueva la igualdad de oportunidades y que no discrimine a las personas por razón de su discapacidad”, concluye Queiruga.
