En el Consejo de Ministros ha aprobado en el día de ayer, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado 2020. Este recoge un total de 171 propuestas, de las cuales 119 son reales decretos, 58 leyes ordinarias, 3 leyes orgánicas y un proyecto de reforma constitucional.
Como es lógico, esta planificación se ha visto alterada por la situación de crisis sanitaria, económica y social provocada por el COVID-19, y recoge distintas previsiones legales enmarcadas en aquellas políticas del Gobierno que trascienden de la actuación llevada a cabo para controlar y superar la pandemia.
Las prioridades de política legislativa marcadas son: 1) Reorientación del modelo productivo en el marco de la digitalización y la transición justa; 2) Fiscalidad más progresiva en su conjunto; 3) Refuerzo de la cohesión social y territorial y la igualdad de oportunidades; 4) Creación de empleo digno; 5) Fortalecimiento del sistema español de ciencia, tecnología e innovación; 6) Apuesta por la formación profesional; 7) Buen gobierno y reformas del sector público; 8) Efectividad de la igualdad de género; 9) Integración de la diversidad; y 10) Nuevos derechos y Memoria Democrática
En cuanto al proyecto de reforma constitucional, supone la primera reforma social de la Constitución Española la propuesta es la modificación del art. 49 de la Constitución Española (“Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”), con la única finalidad de redefinir el término “disminuido” por el de “personas con discapacidad. La Comisión de Políticas para la Discapacidad del Congreso de los Diputados ya acordó esta reforma en el año 2018, pero su tramitación se vio paralizada tras la convocatoria de elecciones generales para el 28 de abril de 2019. Por aquel entonces, el objetivo de la Comisión era, además de redefinir el término, incluir en el reiterado art. 49 CE otros puntos que incidieran en los derechos de este colectivo que ya no se basaban en la concepción médico-rehabilitadora que subyace en la redacción original de la CEE.
Por último, decir que esperamos una pronta remisión al Parlamento del texto de reforma constitucional del artículo 49, así como, del despliegue de “una tarea de incidencia e interlocución para que se apruebe con el máximo consenso posible de las fuerzas políticas”.
